Es una expresión con la que nos referimos al gasto alegre con fondos ajenos. Es sabido que los legionarios romanos y los arcabuceros de los Tercios debían pagarse, armas y equipo, por ello, estos apuraban sus tiros, aunque si la pólvora la pagaba el rey, disparaban mucho más.
Hay también hoy una monarquía en frecuente entredicho, precisada de recortes en su lista civil. Si bien los dispendios en la esfera pública son más frecuentes y graves en muchos niveles de la administración gubernamental, inclusive la municipal.
Tras la guerra de Sucesión, Rafael Casanova fue desterrado a Sant Boi a la propiedad de su hijo. Siendo abogado, incrementó el notable patrimonio marital que como viudo tenía. Sus descendientes continuaron matrimoniándose de manera estudiada hasta seguir acrecentando sus bienes, con tierras en Girona de otras ramas.
Y lo más importante, conservando patrimonio e incrementándolo, superando los disturbios y guerras incluso la última, donde todas sus propiedades y archivos les fueron restituidos.
El caserón original se descuidó y en 1996, tras unas complicadas negociaciones lo adquirió el Ayuntamiento con ayuda de la Diputación para habilitar un museo local.
Nunca se ha revelado la gran cantidad pagada; tarea para el intitulado archivero que lamenta la entrega de 7 cajas de documentos al Arxiu Nacional de Catalunya y la consiguiente pobreza de su archivo local.
Así pues en plena pandemia, utilizando el decreto de alarma y en dos sesiones virtuales, se me informó de que una descendiente de Casanova, Ana Llosas Burch, iba a ser expropiada de 11.000 metros cuadrados a cambio de 2.794.822,53 millones de euros, y que se consideraba un “buen acuerdo” dado que ella pedía 17 millones.
Algunos suspiramos al saberlo porque, aún que se le pague antes del 2021 y con algún crédito a solicitar, no acabaremos como el alcalde socialista de Sant Esteve Sesrovires con su multa diaria de 150 euros por desacatar una sentencia que revocaba una recalificación y expropiación a una familia de notables local. O sea 54.750 euros al año por una multa.
O el alcalde socialista de Torrox que revocó una concesión al recaudador de impuestos locales y éste, a sus 77 años y defendido por un abogado de 99 años, cobrará una indemnización de 4,7 millones de euros al haber ganado el caso.
Se dispara en muchos casos con pólvora del rey, -el dinero ajeno-, y si se pierde, que pague la ciudad. Así pues, el “buen acuerdo” con la familia heredera de Casanova es discutible.
Lo es por la demora de nueve años en afrontarlo, y por su coste y apretado calendario que pesará sobre Sant Boi, la segunda ciudad en pobreza comarcal, baja renta familiar y más del 12% de pobreza crónica y con 7.000 afectados por ERTES incobrados.
Pero el poder de las sagas es aún importante en Sant Boi: los Llosas, Puig de Cárcer, Ros de Ramis… son una burguesía aristocrática bien relacionada que intimida a la nueva clase dirigente que -expropia, avasalla- y que después pagamos las consecuencias en el peor momento.
¿Cuántos contenciosos-administrativos le quedan por afrontar a nuestro Ayuntamiento; cuántas expropiaciones pendientes pueden acabar en costosos arbitrajes?
Ahora ya tendremos apuros inmediatos para efectuar los próximos pagos, mientras que la habilidad y las reformas para mejorar la gobernanza municipal siguen ausentes. Falta un buen servicio jurídico y una intervención rigurosa de control del gasto municipal, sin decisiones urbanísticas ni con posibles litigios perdedores.
Olga Puertas és regidora no adscrita a l’Ajuntament de Sant Boi.